Caso de Chile: Octubre 2019. Profanación y ultraje. El cuerpo ciego de la ley. Por Francisca Pérez Prado
Causa Abierta es un evento público de reflexión, debate y análisis a realizarse en el marco de la IV Conferencia de Población y Desarrollo cuyo objetivo es hacer un enérgico llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo. Con este fin, Causa Abierta presentará y discutirá tres casos emblemáticos de vulneración de derechos sexuales y/o derechos reproductivos presentados por diferentes organizaciones feministas de la región.
Los casos serán analizados por un comité de expertas quienes realizarán un balance de los vacíos y fallas los derechos vulnerados, las consecuencias sobre la salud de mujeres y niñas y/o los problemas éticos que suscita.
Las expertas se pronunciarán también sobre los incumplimientos a dis- tintos compromisos internacionales de los estados en estas materias, así como respecto de las medidas del Consenso de Montevideo que deberían orientar la acción de los Estados en los distintos casos.
Dónde: Park Plaza Hotel en Av. Ricardo Lyon 207, Providencia Santiago.
Hora: 17 hrs.
Chile, octubre de 2019
La Causa: Profanación y ultraje. El cuerpo ciego de la ley
Los hechos:
En octubre de 2019 se produce en Chile una revuelta (con antecedentes en el mayo feminista de 2018) para manifestarse sobre las precariedades de la economía, la mezquindad del liberalismo, la desigualdad extrema, el terrorismo de estado y el pacto sexual en el que se entraman cada una de estas violencias.
En el intento de acallar el “octubre”, miles de personas fueron brutalmente vulneradas, se registró una violencia feroz, de diversas formas de tortura, de cifras sin precedente a nivel mundial de daño ocular severo, de imputaciones y procesos penales irregulares -que se prolongan hasta el día de hoy, prácticas todas estas que se desarrollaron de manera sistemática y se configuraron como una política de estado.
La violencia sexual ejercida por agentes del estado hacia mujeres y disidencias se inscribe en este contexto. No existe, evidentemente, una cifra que pueda dar cuenta de la magnitud real de esa experiencia, pero sí existen registros parciales emanados de los informes generales y existen, también, los testimonios de quienes acogieron la demanda que allí se produjo.
Un Informe de Amnistía Internacional describe múltiples casos emblemáticos de violación de derechos a partir de registro audiovisual durante la represión de la revuelta.
El informe del Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch) por su parte, remarca el uso indiscriminado e indebido de armas de fuego (generando múltiples daños físicos, algunos irreversibles), amplias facultades de detención (arbitrarias y sin pedir documentación), maltratos, abuso sexual y torturas durante la detención e insuficiente rendición de cuentas interna ( falta de transparencia e irregularidad en el seguimiento de las investigaciones administrativas de denuncias contra carabineros)
Según CIPER Chile (Centro de Investigación Periodística), entre 2019 y 2020 se abrieron 1496 causas por violaciones de derechos humanos a niñas, niños y adolescentes, de las cuales 541, al menos, fueron cerradas sin responsables. Labot, de Documenta (una iniciativa del Colegio de Periodistas) sistematiza la información proveniente de todos los informes oficiales realizados para ese período y se propone el seguimiento y monitoreo de los procesos judiciales abiertos por vulneraciones a los derechos humanos, dando cuenta de 1538 casos contenidos en las querellas presentadas por el INDH. Ellas contienen las denuncias de lesiones, torturas y violencia política sexual.
La violencia sexual ejercida sobre los cuerpos de mujeres constituye una de las manifestaciones más feroces de las que tomamos registro: violaciones con y sin penetración, en algunos casos con daños irreversibles, ensañamiento sobre el cuerpo de las embarazadas -con consecuencia de aborto en al menos dos casos-, se configuran como encarnación de una saña cuyos fundamentos se extienden a lo largo de los años y en la cercanía de los procedimientos cotidianos de la represión.
Durante los más de 30 años transcurridos desde el fin de la dictadura, la violencia sexual por parte de agentes del estado, tanto como su ocultamiento y negación, han configurado una forma específica de violencia política que afecta a las mujeres y, más recientemente, a las disidencias sexuales.
Durante el proceso de las demandas populares El Estado ha sido negligente. La gran mayoría de las causas abiertas -que corresponden en realidad a un porcentaje mínimo de los casos reales- ha sido desestimada o continúa sin resolución.
Instancias estatales responsables:
El Poder Ejecutivo en la administración de la crisis y en el desempeño de las Fuerzas Armadas y de Orden, es decir, Ejército y Carabineros. El presidente, por respaldar la represión y referirse a la situación como una “guerra”. El Poder Judicial, particularmente Fiscalía, por no resolver las causas en tiempo y forma. Y el poder Legislativo por no tomar medidas especiales que habían prometido para acelerar procesos. De esta forma, todos fueron omisos a los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo específicamente en lo vinculado a las medidas prioritarias 33, 34 y 36.
Para revisar los casos de Brasil y Ecuador y el Comité de Expertas pincha aquí
